Por: Reynaldo Rodríguez Cuéllar
Bolivia transita, entre el dolor y el luto, una infame incertidumbre ocurrida en la unidad militar Centro General de Mantenimiento del Regimiento de Artillería Mecanizada 2 “Libertador Simón Bolívar”, en Viacha, instalación que, por su propia naturaleza, debería constituirse en uno de los lugares más seguros del Estado.
No estamos frente a una simple explosión. El país enfrenta una tragedia de enormes magnitudes humanas e institucionales que exige respuestas a la altura de la dignidad nacional.
En el lugar del siniestro, ubicado en la localidad de Viacha, a unos 22 kilómetros de La Paz, se desarrollaban entrenamientos de tiro y labores de mantenimiento y reparación de armamento.
Según los reportes oficiales conocidos hasta el momento, las explosiones que desencadenaron el voraz incendio se registraron alrededor de las 14:30 del viernes 4 de septiembre. El saldo confirmado por las autoridades militares y policiales alcanza a 81 personas heridas y ocho fallecidas. La magnitud del impacto quedó además registrada en imágenes difundidas por medios de comunicación y redes sociales, donde se observan daños considerables en viviendas próximas a la instalación militar, particularmente en puertas y ventanas pero, más allá de las cifras y de la conmoción inicial, quedan preguntas latentes que no pueden ser sepultadas entre los escombros...
La historia enseña que, en tiempos de convulsión política, la primera víctima suele ser la verdad. Por ello, el ciudadano responsable no debe abrazar ciegamente ni la versión oficial mucho menos la especulación interesada, debe exigir lo medularmente elemental: una investigación técnica, independiente y transparentemente evidenciable.
Las detonaciones registradas en el Regimiento, la existencia de material bélico entre los escombros y la continuidad de los peritajes evidencian que existen interrogantes aún abiertas y mientras existan preguntas sin respuesta, el Estado tiene la obligación de esclarecerlas.
Corresponde reflexionar con serenidad: ¿Se trató de un accidente, existió negligencia, hubo fallas en los protocolos de seguridad, se produjo una cadena de decisiones equivocadas, debe descartarse alguna otra hipótesis?, respuesta que no puede emerger de intereses políticos, sino de la evidencia técnico-científica y de la justicia. En ese marco, resulta pertinente que las autoridades competentes específicamente, el Órgano Legislativo en ejercicio de sus atribuciones constitucionales de fiscalización, demanden información completa y verificable, acompañen el proceso investigativo y, si la complejidad del caso lo amerita, promuevan la participación de entidades internacionales especializadas e independientes, técnicamente acreditadas y ajenas a cualquier interés político.
Cuando soldados, conscriptos y civiles pierden la vida dentro de una instalación militar, el silencio no puede ser una política institucional. Tampoco puede permitirse que una tragedia humana sea instrumentalizada para alimentar confrontaciones políticas.
Bolivia tiene derecho a saber qué ocurrió en Viacha, cómo ocurrió, por qué ocurrió y, sobre todo, debe conocer si pudo haberse evitado.
La verdad no pertenece al Gobierno, tampoco a la oposición, la verdad pertenece al pueblo boliviano y esclarecerla no es una concesión política: es un deber republicano.
VIACHA: VERDAD COMO DEBER REPUBLICANO