Por: Reynaldo Rodríguez Cuéllar
Santa Cruz observa con buenos ojos el desenlace de los episodios de una brutal e inaudita violencia armada que estremeció a nuestro departamento, hechos que por la magnitud del extremo, obligaron a examinar con serena responsabilidad la hipótesis por la gravedad: ¿Estamos ante represalias y ajustes de cuentas entre operadores de estructuras vinculadas al narcoterrorismo y al crimen organizado?, la respuesta no tolera improvisaciones mucho menos especulaciones, demanda investigación, inteligencia criminal y resultados ostensiblemente evidenciables.
La meteórica labor investigativa de la Policía permitió avanzar en el esclarecimiento de los hechos e identificar a los autores materiales vinculados a esta confrontación de intereses criminales, disputas territoriales, represalias y conflictos internos entre redes delictivas, análogamente, las unidades de inteligencia mantienen el desafío prioritario de establecer quiénes ordenan, financian y facilitan estas acciones, con el propósito de alcanzar a las estructuras que operan detrás de la violencia.
Identificar a quienes ejecutan un ataque constituye un avance; descubrir quiénes lo planifican, lo financian y lo sostienen representa un desafío de mayor alcance, Santa Cruz demanda que la investigación llegue hasta las últimas consecuencias, con pruebas, debido proceso y persecución penal efectiva; contingencia donde surge la interrogante que interpela directamente a quienes administran los recursos públicos: si la Policía obtiene resultados frente a organizaciones criminales de elevada peligrosidad, ¿Dónde se encuentra el fundamento para sostener, sin una evaluación objetiva qué, la institución ha sido rebasada? ¿No resulta pertinente y responsable examinar también las condiciones materiales, logísticas y presupuestarias con las que se debe enfrentar semejante amenaza?, la contradicción es evidente, mientras las unidades policiales ejecutan operaciones, investigan, identifican sospechosos y desarrollan acciones para desarticular organizaciones delictivas, los gobiernos departamentales y municipales deberán responder por las obligaciones que la ley les asigna en materia de seguridad ciudadana, sin soslayar la interrogante que ya no refiere únicamente, ¿Qué puede hacer la Policía, sino qué, están haciendo las autoridades responsables para que pueda hacerlo mejor?
La seguridad ciudadana no se sostiene con discursos, declaraciones coyunturales ni anuncios de ocasión, requiere planificación, prevención, infraestructura, equipamiento, tecnología, personal capacitado y recursos ejecutados oportunamente, por ello, el cumplimiento de las obligaciones presupuestarias, incluido el porcentaje del POA que corresponda conforme a la normativa vigente, debe ser objeto de fiscalización y rendición de cuentas. Los recursos destinados a la seguridad no son una concesión política: son parte de la responsabilidad pública, Santa Cruz no puede quedar signada por la violencia protagonizada por operadores criminales, sin embargo, tampoco puede permitirse que la gravedad de estos hechos sea utilizada para descalificar indiscriminadamente a la institución llamada constitucionalmente a preservar el orden público.
La respuesta frente a organizaciones de esta naturaleza demanda inteligencia criminal, investigación técnico-científica, cooperación interinstitucional, coordinación con el Ministerio Público, análisis de evidencias balísticas y digitales, trazabilidad de recursos ilícitos e investigación de eventuales conexiones transnacionales, cada elemento debe contribuir a esclarecer responsabilidades, establecer vínculos entre hechos cuando la evidencia lo permita y alcanzar a quienes dirigen las operaciones desde las sombras.
Todo lo antes referido requiere capacidad sostenida y condiciones institucionales adecuadas, pretender resultados contundentes censurando, cuestionando sin garantizar los medios responsables y necesarios, constituye no sólo una contradicción que las autoridades departamentales y municipales ya no pueden eludir, sino un atentado contra la labor de la Policía mientras se evade la responsabilidad de fortalecerla, el contraste es aún de mayor inflexibilidad: si la Policía produce resultados, corresponde ponderarlos y cuando existan fallas, debe investigarse y corregirse, sometiéndolos a evaluación objetiva; y cuando los gobiernos incumplen sus responsabilidades, también deben rendir cuentas. La institucionalidad democrática no admite privilegios ni excepciones para nadie.
En este escenario, el liderazgo del comandante departamental de Policía de Santa Cruz, Cnl. MSc. CAD Edson Omar Fernández Molina, y la consigna institucional «PUERTAS ABIERTAS, NI REFUGIO, NI IMPUNIDAD» debe traducirse en continuidad operativa, transparencia, disciplina y compromiso con las familias cruceñas, el respaldo financiero proveniente de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), conforme a su marco legal, debiendo sostenerse en el fortalecimiento de las capacidades policiales y jamás convertirse en una cifra meramente administrativa.
La discusión sobre la seguridad no puede reducirse a temerarias propuestas de crear una Policía paralela ni a planteamientos que pretendan sustituir, sin sustento constitucional y legal, las competencias propias de las instituciones existentes, la respuesta responsable consiste en fortalecer las capacidades, la coordinación y la eficacia de la Policía Boliviana, sin perjuicio de las atribuciones que corresponden a las demás instituciones del Estado, Santa Cruz demanda mayor prevención, investigación, capacidad de respuesta y una cooperación efectiva entre las instituciones responsables, exige que los gobiernos cumplan sus obligaciones, que los recursos se traduzcan en resultados y que la persecución penal no se detenga en la aprehensión, sino que avance por las vías legales correspondientes, porque la seguridad de las familias no puede depender de la improvisación ni quedar subordinada a intereses políticos, la prevención oportuna, el equipamiento adecuado y la inteligencia profesional deben contribuir a antelar amenazas, debilitar estructuras criminales y evitar nuevas víctimas.
Santa Cruz exige resultados, pero también exige responsabilidades, si la Policía debe responder por la seguridad ciudadana, los gobiernos departamentales y municipales deben responder por las condiciones que la ley les obliga a garantizar, cuando las autoridades “ahorran” sus cuentas, no es el presupuesto el que queda en deuda: es la seguridad de todos los cruceños la que termina pagando el precio.
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SANTA CRUZ: CUANDO LOS GOBIERNOS “AHORRAN” SUS CUENTAS