Transitamos el séptimo mes de gobernabilidad del presidente electo Rodrigo Paz Pereira, y la demoledora descarga de artillería política, económica y social que viene recibiendo solamente puede sostenerse desde el compromiso de impulsar un cambio profundo en Bolivia.
No heredó únicamente una economía debilitada. Recibió un Estado golpeado por décadas de corrupción institucional, prácticas arraigadas en la impunidad y estructuras de poder que, lejos de desaparecer, continúan presentes y operativas.
En ese contexto, resulta revelador que cinco centrales obreras departamentales hayan optado por solicitar el levantamiento de los bloqueos y la apertura de espacios de diálogo, comprendiendo que la confrontación permanente no constituye una salida viable para una nación que demanda estabilidad y certidumbre.
Sin embargo, mientras se abren caminos hacia la concertación, persisten voces que apuestan por la radicalización. Surge entonces una paradójica contradicción: la invitación y el reconocimiento otorgados por el ministro de Gobierno, Antonio Oviedo, a un líder cocalero para integrar una comitiva internacional, pese a las deudas pendientes con la justicia y a su promoción de medidas de presión que afectan directamente a millones de bolivianos.
No existe causa social que se fortalezca mediante la anarquía. Tampoco existe proyecto político alguno que justifique la destrucción de las fuentes de empleo, el desabastecimiento o el enfrentamiento entre compatriotas.
La República demanda responsabilidad, madurez y visión de Estado. Su reconstrucción comienza cuando el bienestar de la nación se antepone a cualquier cálculo político, sectorial o ideológico. Bolivia necesita acuerdos que construyan, no conflictos que profundicen las heridas heredadas de años de división y deterioro institucional.
“NO ME AYUDÉS COMPADRE”